La maternidad impuesta por violación a las niñas menores de 15 años es una realidad agobiante en Nicaragua. Por lo menos cuatro de ellas dieron a luz a diario en el 2012, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. Sin embargo, esta realidad se esconde entre las cifras oficiales.
Uno de los pocos casos conocidos salió a luz en 2011, cuando se supo a través de los medios de comunicación que una niña de 12 años proveniente de Walpa Siksa, en el Caribe Norte, fue violada por un desconocido, estaba embarazada y se encontraba en el Hospital Bertha Calderón con preclampsia, hipertensión arterial y complicaciones por su edad.
El caso fue conocido como “María”, seudónimo usado por los medios nacionales para reavivar la polémica de despenalizar el aborto terapéutico. Causó reacciones adversas por parte de la población cuando la primera dama, Rosario Murillo, calificó el nacimiento del niño como “un milagro y un signo de Dios”.
“El enfoque del Gobierno sobre los embarazos resultantes de estos delitos contribuye a que en el imaginario colectivo se establezca la maternidad infantil como aceptable, e incluso, la violación de las niñas, como aceptable”, reza el Informe Anual 2012 del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Problema cultural: no se denuncia
María Esther Quintana, investigadora independiente, dice que “culturalmente, la gente no ha incorporado en su conciencia que esto es un delito, hay una tolerancia excesiva a la violencia”, y por eso los índices de denuncia son bajos, porque hay una naturalización de la maternidad infantil y de la maternidad adolescente.
“Ni los funcionarios públicos, ni la familia ni la comunidad lo denuncian”, refuerza Marvin García, investigador del Observatorio sobre derechos de la niñez y adolescencia del Codeni, asegurando que otro problema es la cantidad elevada de violaciones que ocurren en el seno familiar: un 64% de abusos sexuales y violaciones en mujeres menores de edad ocurren en sus hogares, según estadísticas 2012 de la Policía Nacional.
Lorna Norori, directora del Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS), comenta que a pesar de que el abuso sexual sea una condición cultural cimentada sobre mitos, no significa que sea una condición para ignorar la ley. “Hay que empezar a hacer un cambio en esa cultura para demostrar que no es posible que una niña de 14 años esté conviviendo con un hombre y se embarace. Y eso se hace yendo a capturar al tipo”, afirmó.
Deficiente coordinación interinstitucional
Quintana asegura que la atención y prevención de la violencia debe funcionar “como una mesa de cuatro patas, en la que actúen en conjunto la Fiscalía, la Comisaría de la Mujer, el Instituto de Medicina Legal y las organizaciones de la sociedad civil”. Sin embargo, advierte que esta coordinación interinstitucional muchas veces es deficiente por diversos factores, “como la falta de capacidades reales, logísticas, de presupuesto, de capacidad técnica, falta de capacitación”.
García, opina que la prioridad del Ministerio de Salud, quien debería reportar a la Policía sobre sospechas de casos de violencia sexual cuando una adolescente se presenta embarazada, es más bien “captar a esa niña y adolecente, y asegurar, como hay penalización del aborto terapéutico, que ingrese al sistema de salud público”. Aunque desconoce la existencia de un sistema de atención diferenciada.
“De acuerdo con la información que tenemos y lo que hemos investigado, es que el tratamiento (que reciben las embarazadas en los hospitales) es igual para una niña de 12 años que para una mujer de 28”, asegura Mayte Ochoa, coordinadora de políticas de Ipas Centroamérica, destacando que la atención no depende de la edad, sino del nivel de riesgo que presente la niña o adolescente.
“Lo que hemos tratado de hacer es que si llegan a las casas maternas, que se les pueda atender de manera diferente, para eso le brindamos una capacitación”.
Actualmente, Ipas realiza una investigación sobre el impacto del embarazo en más de 70 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. El objetivo es evidenciar el impacto físico, emocional, y social que tiene el embarazo impuesto en menores de edad. El estudio se realiza en siete departamentos del país y se espera que esté terminado en junio de este año, manifestó Ochoa.
Flores, abogada del Cenidh, desconoce cómo el Estado resarce los daños en los casos de violencia sexual, como debería suceder de acuerdo con el Modelo de Atención a Víctimas de Violencia (MAIS).
Aunque se intentaron conocer las versiones oficiales del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Familia a través de sus ministras, no se recibió respuesta a las solicitudes presentadas formalmente ante ambos ministerios el 13 y 18 de mayo pasado.
Mi mama se fue a ver a mi abuela y nos quedamos con mi padrastro. Esa misma noche mi padrastro se levantó, me dijo que si no me dejaba se iba a desquitar con mi mama, me quitó la ropa y se quitó la ropa y se me encaramó. Él me agarró en cinco venidas de mi mama. Cada vez él me agarraba hasta tres días seguidos, a mi hermanita también la abusaba. Testimonio de “Entre el silencio y la impunidad”. Estela, 11 años – Ipas, 2014.
Cifras son sólo la punta del Iceberg
Las cifras oficiales son “apenas la punta del Iceberg”, dice Quintana, haciendo referencia a la cantidad de embarazos en adolescentes que no son registrados por el sistema de salud público.
Asimismo, Norori destaca la existencia de parteras en las zonas rurales, los abortos clandestinos y las cifras inexistentes de suicidios en las muchachas embarazadas.
Los índices más altos en la región y Latinoamérica
Una mirada comparativa entre los países de Centroamérica sirve como instrumento para vislumbrar la gravedad del problema de las niñas y adolescentes de 10 a 14 años embarazadas en el país: la cifra de Nicaragua (4.40%) duplica a la de El Salvador (2.20%) y supera ampliamente a los demás países del istmo.
De acuerdo con el reporte mundial del UNFPA en 2013 “Adolescent pregnancy: A review of the evidence”, Nicaragua tiene el porcentaje más alto en Latinoamérica de mujeres de 20 a 24 años que dijeron haber dado a luz antes de los 15 años. De hecho, en la brecha de los cuatro puntos se encuentran por ejemplo, Eritrea, Kenia, Malawi y el Congo, todos países de África Subsahariana.
Ochoa opina que las cifras tan elevadas “tienen que ver con la violencia generalizada que tenemos en el país, la impunidad en el acceso a la justicia y la falta de acción de parte del Estado para frenar esta situación”. Además, destaca que desde 2006, año en que se penalizó completamente el aborto, “se empezaron a disparar las cifras”, pues antes se permitía que se interrumpieran una gran cantidad de embarazos producto de violaciones, que ahora tienen que llevarse a término “aunque sean niñas de diez años”.
Venía de clases y dos hombres me siguieron, empezaron a decirme cosas, me apuré y no les contesté nada porque ni los conocía. Entre los dos me agarraron por la fuerza y me violaron. Yo no dije nada, tenía vergüenza y miedo de que la gente se diera cuenta”. Diana, 14 años, testimonio de Entre el silencio y la impunidad, Ipas, 2014.
A pesar de las altas incidencias de embarazos en menores de edad en el país, existe una gran limitación para denunciar violación de derechos humanos, como la falta de ratificación de Protocolos facultativos. “Tanto la CEDAW, como la CDN tienen protocolos facultativos sobre comunicaciones”, explica Quintana, pero en ninguno de los casos Nicaragua ha firmado esos protocolos.
El tercer protocolo facultativo de la CDN, relativo a un procedimiento de comunicaciones, ha sido firmado hasta la fecha por 49 naciones, y ratificado por 17 Estados, entre ellos Argentina, Bolivia, Costa Rica y El Salvador. Dicho protocolo sirve para “reforzar y complementar los mecanismos nacionales y regionales al permitir a los niños denunciar la violación de sus derechos”.
Marta Toruño, Procuradora Especial de la Niñez y la Adolescencia, afirma que desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se ha recomendado al Estado la firma de estos protocolos, aunque no logra precisar en qué informes, puesto que el último publicado por la PDDH fue en el 2012 (año en que se aprobó el 3er PF de la CDN por la ONU). “No sé porqué se ha interrumpido el proceso de los informes, nosotros tenemos que presentar un informe anual. El año pasado no se presentó y ahora ya vamos por mayo y no sé porqué no lo han presentado”.
Otros actores clave
Existen otros actores que deben apostar por una acción conjunta con el Estado, como la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional para prevenir, sancionar y educar sobre este problema. “Tiene que haber una acción de sensibilización y educación a la familia en general, a las mujeres, no solo a las niñas, tanto en las escuelas como en espacios comunitarios”, afirma María Esther Quintana, quien se lamenta que a 25 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, “todavía decimos que en nuestro país no hay una plena conciencia de que la niña y el niño son ciudadanos”.
Por Noelia Celina Gutiérrez
Reportaje ganador del Premio Nacional de Periodismo por los Derechos de la Niñez «Innovar para la Niñez, Innovar para la equidad», promovido por la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia.
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