Uno de cada cuatro recién nacidos tiene una madre adolescente. Ella, seguramente no ha cumplido sus “quince primaveras” o es menor de 19 años de edad, y aunque no está lista para la maternidad debe afrontarla como prioridad y dejar en segundo plano la cautela frente a un posible delito de violación, el fantasma que la persiguió en los últimos años.
Amelia (nombre ficticio) llega a casa al mediodía, agitada viene de la escuela de costura y con ternura saluda a Erick. Salió temprano y vuelve con hambre, después de cocinar lavará los platos y completará las tareas para el día siguiente. A sus 15 años recién cumplidos, apenas tiene tiempo para buscar futuro, pues debe atender al niño que le engendró su padrastro.
Es la realidad que Nicaragua le ofrece a las chavalas, una situación que la distingue entre los países latinoamericanos.
La cifra se desprende de los últimos informes del Ministerio de Salud (Minsa), publicados en 2012, ya que ahora “las estadísticas oficiales se mantienen como Secreto de Estado. No se les comparte a las organizaciones de la sociedad civil”, lamenta Marvin García, investigador del Observatorio sobre derechos de la niñez y adolescencia de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).
El Código Penal establece en la Ley 641 en el artículo 168 que todo contacto sexual con niñas y adolescentes menores de 14 años es delito de violación.
“Y no hay consentimiento aun cuando el agresor no hubiera actuado con violencia”, aclara Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), pues no se presume consentimiento porque las niñas no tienen el nivel de madurez necesario para sostener una relación sexual por su voluntad. Y se considera violación agravada cuando esta niña resulta embarazada.
Una buena legislación no lo es todo
Para Mayte Ochoa, coordinadora de políticas de Ipas Centroamérica, Nicaragua es uno de los países latinoamericanos con mejor legislación contra la violencia hacia las mujeres.
Ha sido el producto de la aplicación de compromisos internacionales adquiridos por el Estado para atacar este problema. Entre otros, la CEDAW (por sus siglas en inglés, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer), la Convención Belén Do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer), y la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN).
Como resultado, en 1995 se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, y en 2012, la ley 779, “Ley Integral contra la violencia hacia la mujer”.
Sin embargo, “existe un gran vacío entre los marcos jurídicos y las políticas sociales que deberían dar respuesta a lo que se plantea y a lo que mandata al Estado desarrollar en materia de políticas sociales”, señala García, el investigador del Observatorio de la Codeni.
Sin paz y sin estudios
Amelia vivió en Paiwas los primeros once años de su vida, criada por una señora que no era de su familia. Su mamá llegó por ella un día de tantos con su padrastro, quien la “convenció que viniera para acá porque nos engañó que había varias cosas”.
Y así llegó a Managua, a vivir con sus otros tres hermanos. En Paiwas nunca fue a la escuela, y en Managua solo cursó el primer grado, porque su padrastro “un año me ponía y otro no me ponía. Porque decía si era varón el profesor, no nos ponía, entonces solo un año nos pusieron”.
Ahora vive en Casa Alianza, junto a otras cuatro madres adolescentes y sus bebés. De vez en cuando se divierte con las películas que la llevan a ver: “me gustó Chappie, por todos sus movimientos”, dice de la película de Neill Blomkamp, mientras esboza una de las pocas sonrisas durante la entrevista. Ya logra sentirse a salvo de su padrastro, un hombre del que se limita a decir “me hizo daño”.
«Es una violación doble»
El problema de los embarazos en niñas y adolescentes se manifiesta “como una violación doble a sus derechos humanos”, reflexiona la abogada del Cenidh, al comentar que «las niñas y adolescentes no solo sufren violencia contra su integridad física, sexual, contra su dignidad, sino que tienen que llevar a término dicho embarazo porque el Estado las obliga».
Flores destaca que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos establecen el derecho de toda mujer a elegir el número y espaciamiento de los hijos, y a tener una maternidad voluntaria.
María Esther Quintana, investigadora independiente, se refiere a una doble victimización, aun cuando “debería prevalecer el interés superior del niño y la niña” establecido en la CDN y en el Código de la Niñez y Adolescencia, que “quiere decir que cualquier decisión o medida que tome el Estado, las instituciones del gobierno, la familia, o la sociedad, tienen que establecer lo que es mejor para las niñas y los niños”.
La CDN también estipula la protección de niños y niñas a tratos crueles e inhumanos y de cualquier forma de violencia. “Y el comité de la ONU contra la Tortura calificó plenamente que negar el acceso a la interrupción del embarazo cuando ha sido producto de una violación, es someter a las niñas a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, afirma Quintana.
«Me daba miedo»
De hecho, el Comité de la ONU contra la Tortura es el cuarto órgano de vigilancia de los tratados de la ONU que pide al gobierno que se derogue la prohibición total del aborto, junto con el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, señala Amnistía Internacional en su sitio web oficial.
Tener a Erick no fue fácil para Amelia. “Me daba miedo”, comparte. Pensaba que iba a morirse, y no podía decírselo a nadie. Con los médicos nunca sintió confianza, y con su madre tenía una relación escasa.
No le contaba sus preocupaciones porque “lo que yo le contaba, todo le decía a mi padrastro y a mí no me gustaba”, relata. Solo fue a consulta médica cuatro veces: a los 6, 7, 8 y 9 meses. Erick nació por cesárea y pesó 7 libras con 11 onzas.
Según Lorna Norori, directora del Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS), una institución clave en el tratamiento de este problema es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Sin embargo, la Procuradora Especial de la Niñez y Adolescencia, Marta Toruño, afirma que durante su gestión, a la procuraduría “nadie viene a denunciar embarazos de adolescentes”, sobre todo porque “dentro del seno del hogar pueden pasar cualquier cantidad de cosas que no se denuncian”.
Nadie quiere hablar de la «epidemia»
Casa Alianza, a través de su hogar para madres y adolescentes embarazadas o con hijos, recibe a adolescentes entre 13 y 17 años que experimentaron situaciones de violencia, como abuso sexual, explotación sexual comercial, o maltrato intrafamiliar. Las adolescentes ingresadas en el hogar son remitidas por sus mismos familiares, por otras organizaciones no gubernamentales o por el Ministerio de la Familia. Esa residencia funciona desde 2001 y tiene capacidad para 14 adolescentes con 14 bebés. “Nosotras por año, recibimos de 3 a 4 muchachas entre 13 y 14 años”, refiere Karelia Rivas, encargada del hogar.
Uno de los grandes problemas para la visibilización de esta “epidemia”, según especialistas, es el ocultamiento de la información del Minsa, Policía Nacional e Instituto de Medicina Legal, instituciones que dejaron de publicar estadísticas sobre violencia sexual en los últimos años.
Casa Alianza y Casa de las Niñas son los únicos hogares para adolescentes embarazadas o con bebés que existen en Managua, según Mayte Ochoa, coordinadora de políticas de Ipas Centroamérica. El problema de fondo es el impedimento que tienen las organizaciones para demandar acciones: sin estadísticas oficiales no se pueden priorizar los programas y políticas públicas. “No se puede plantear con objetividad la necesidad de ciertas políticas públicas y se demandan acciones a partir de situaciones irreales”, refuerza García, quien añade que a través de estadísticas oficiales también se realizan análisis sobre los niveles de avance del Estado.
En busca de los datos
Toruño añade que desde la PDDH saben “que hay necesidad de hacer investigación, pero no tenemos ni disponibilidad de tiempo ni de recursos para hacerlo. Sabemos que tendríamos que estar sobre las estadísticas, pero no es posible con lo que tenemos”. “Es necesario y es parte de mi rol, pero no ha sido posible todavía”, concluye.
Norori destaca que desde el MCAS, movimiento que ayuda a víctimas de abuso sexual y ubicado en la Colonia El Periodista, se está preparando un registro de datos de abuso sexual en menores de edad. “Al menos en uno o dos departamentos, pero ya es un referente”.
Ahora Amelia duerme a su bebé, seguramente pensando en futuro. A ella le gustaría “trabajar, tal vez, en una oficina”, pero sabe que le quedan pocas opciones. Desde que se fugó de su casa con su hermana de 13 años y puso la denuncia en la Policía, su padrastro se encuentra prófugo y su madre está siendo investigada por complicidad.
Mientras tanto, ella y su hermana permanecerán en Casa Alianza. Dice que no cuenta toda su historia “porque tengo temor que me vayan a regañar”, pero no pierde las esperanzas de hacerlo algún día. Al despedirse promete: “en otra vez que me pregunte voy a ver si puedo decir bien las cosas, porque ahorita a mí me da pena”.
Por Noelia Celina Gutiérrez
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Reportaje ganador del Premio Nacional de Periodismo por los Derechos de la Niñez «Innovar para la Niñez, Innovar para la equidad», promovido por la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia.
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